En este 8 de marzo de 2013, las asociaciones feministas de Gijón manifestamos que no consentiremos que con la excusa de la crisis y de los recortes se retroceda en lo conseguido en materia de Igualdad a lo largo de estos años de lucha feminista.
Por ello, ante la crítica situación por la que estamos atravesando, nos posicionamos claramente en la defensa del estado de bienestar y contra su desmantelamiento.
Estamos en medio de la crisis política, social e institucional más aguda que se ha dado desde la época de la transición. Y los casos de corrupción y clientelismo en todo tipo de instituciones, el uso y abuso que se hizo en beneficio personal de los recursos públicos, la sensación ciudadana de que se nos ha hurtado la Democracia y la percepción de que los centros de poder y de toma de decisiones están cada vez más alejados y se escapan a formas democráticas de control, pone de manifiesto la necesidad de una urgente y necesaria recuperación de la Política con mayúsculas que restaure el vínculo y compromiso de la ciudadanía y sus representantes. Y en esa tarea es imprescindible incorporar las aportaciones del feminismo para avanzar en la construcción de una auténtica democracia.
El retroceso del estado de bienestar se pone de manifiesto con la grave situación en la que se encuentran amplios sectores de la población especialmente vulnerables, y en todos ellos las mujeres estamos representadas en un número creciente. Especialmente dolorosa para nosotras ha sido la eliminación de la aportación económica que el Gobierno central hacía para el desarrollo de la ley de dependencia, por lo que conlleva para cuidadoras y dependientes. De nuevo nos vemos exigiendo la puesta al día de las prestaciones del salario social. Asimismo creemos que es obligación de los poderes públicos aportar soluciones para las familias víctimas de deshaucios; y exigimos una nueva ley hipotecaria que no proteja los intereses de los bancos mientras deja abandonadas las necesidades básicas de las personas. Es por ello por lo que reclamamos unos servicios públicos universales, accesibles y de calidad que cumplan su papel integrador.
No podemos bajar la guardia en la lucha contra la violencia de género. Exigimos al Gobierno del Partido Popular que los recortes no pongan en peligro ni la protección ni la atención integral a las víctimas de esta lacra social. En la misma dirección, exigimos la elaboración de un plan contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, que afecta especialmente a mujeres y niñas, que incluya la atención e integración de las víctimas.
Nos preocupa el creciente número de declaraciones de representantes de instituciones significativas (obispos, ministros, otros cargos públicos y tertulianos varios) que manifiestan una enorme beligerancia contra lo que llaman ideología de género, a la que atribuyen todo número de males sin haber entendido que el feminismo pretende la igualdad entre los seres humanos independientemente de su sexo.
La promoción de la mujer ha de seguir siendo el objetivo prioritario de cualquier sociedad que aspire a conseguir igualdad y justicia.
Contemplamos con indignación el ataque al sistema sanitario público de nuestro país, uno de los más eficientes del mundo, mediante una política privatizadora que drena los recursos públicos a favor de intereses privados y que rompe el principio de universalidad y de solidaridad, lo que tiene un impacto negativo sobre el derecho a la vida y la salud de las personas. Por eso exigimos de los poderes públicos el compromiso inequívoco de garantizar el mantenimiento y mejora de un sistema sanitario de calidad: público, gratuito y universal.
Ante la amenaza del ministro de Justicia de retirar la actual ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, tenemos que seguir luchando por el mantenimiento del sistema de plazos, y porque se garantice su aplicación en la red sanitaria pública. Además, defendemos el fomento y desarrollo de la educación afectivo-sexual y reproductiva en todos los niveles educativos.
Precisamente la educación ha sido uno de los capítulos que más se han visto afectados por unos recortes que ponen en riesgo el acceso a la formación de las personas y grupos más desfavorecidos. Desde el feminismo no podemos más que apostar por un sistema coeducativo igualitario, público, gratuito, laico y de calidad que siga cumpliendo su papel compensador de las desigualdades sociales. La reforma que necesita la educación española para superar viejos problemas no se logrará recortando inversión e imponiendo una ley rechazada por gran parte de la sociedad.
En España vivimos una situación dramática con casi 6 millones de parados. Esto afecta con mayor gravedad a las mujeres, que ya partíamos de una situación de desigualdad previa en un mercado laboral que era claramente perjudicial para nosotras; y la actual situación está empeorando problemas que siempre han estado presentes: la tasa de paro, el trabajo a tiempo parcial, la precariedad de los empleos, los empleos en economía sumergida, la brecha salarial…
La desregulación del mercado laboral y la pérdida de derechos que fomenta la Ley de la Reforma Laboral no solo no ha creado más empleo sino que además sitúa mucho más lejos la consecución de objetivos como la conciliación y la corresponsabilidad en las tareas domésticas y de cuidados.
La falta de crédito a las pequeñas empresas, creadoras de la mayor parte del empleo, por parte de una Banca que ha recibido miles de millones en ayudas a costa de reducir derechos y servicios básicos para la ciudadanía; la pérdida de poder adquisitivo y los desmesurados incrementos del IVA están teniendo un impacto nefasto en el pequeño comercio y empresas de servicios regentados mayoritariamente por mujeres. Y por otra parte, la reducción de servicios públicos no solo disminuye nuestra calidad de vida sino también una de las principales fuentes de empleo de las mujeres.
Finalizamos con dos reflexiones:
1ª - Es el momento del ejercicio responsable de la ciudadanía para exigir a sus representantes un comportamiento ético en el desempeño de sus funciones como servidores públicos, pero no se debe olvidar que la ética pública atañe también a todas las personas que viven en sociedad.
2ª - Es el momento de la ciudadanía solidaria. Las mujeres tenemos la experiencia histórica y la voluntad de incorporarnos activamente a esa ciudadanía activa que ante el retroceso del Estado de Bienestar se moviliza, constituye plataformas de distinta índole, busca soluciones imaginativas para paliar situaciones de desprotección y teje redes solidarias.
Queremos un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres; y esto no se podrá conseguir sin nosotras.