Manifiesto leído en la concentración del 8 de marzo de 2004
Como cada año, ante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, las mujeres hacemos un balance general de la situación. Un balance que nos sitúa de nuevo ante un panorama internacional extremadamente violento, donde los derechos humanos y en especial los derechos de las mujeres son sistemáticamente vulnerados.
La atención mundial sigue centrada en la agresión bélica a Irak, perpetrada por los Gobiernos de EE.UU. y Gran Bretaña, y la complicidad del Gobierno español.
Los grandes dramas como los raptos, torturas y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez en Méjico, de sindicalistas en América Latina, la lapidación en Nigeria, el tráfico de mujeres, las poblaciones desplazadas por los conflictos bélicos, son prueba evidente de la magnitud de la injusticia social y de las desigualdades en un mundo globalizado.
Expresamos nuestro contundente rechazo a todas estas situaciones de violencia extrema, donde las principales víctimas somos las mujeres.
Por otra parte, queremos también denunciar el alto grado de violencia sexista que sigue imperando en nuestra sociedad, ya que a diario salta la noticia de una nueva agresión o de un nuevo asesinato de una mujer; el año pasado, casi un centenar de mujeres perdieron la vida por este motivo, y este año ya han sido asesinadas 13.
Exigimos la ley integral contra la violencia de género que aborde el problema en su globalidad y adopte medidas en todos los ámbitos: preventivo, asistencial, educativo, sanitario y judicial. Es una necesidad largamente reclamada por las organizaciones de mujeres, grupos parlamentarios y por los sindicatos. Sólo el empecinamiento de un Gobierno que reclama para sí el protagonismo de cualquier tipo de iniciativa, ha impedido que salga adelante una propuesta razonable en este sentido.
La ley integral que reclamamos necesita ir acompañada de una dotación presupuestaria suficiente y adecuada para aplicarla en su totalidad.
También es imprescindible un giro radical en la política educativa que ha impuesto el Gobierno del P.P. Una política que potencie la educación en los valores de respeto a los derechos humanos, a la diversidad y a la igualdad, a la solución negociada de los conflictos frente a la agresividad y la violencia como fórmula para imponer los criterios propios sobre los ajenos. Se necesita una escuela pública y de calidad, plenamente laica, integradora, mixta, preservada del sometimiento de doctrinas religiosas de cualquier signo, y máxime cuando las jerarquías eclesiásticas promueven, desde todo tipo de tribunas, sus postulados sexistas, sus posiciones retrógradas, misóginas y patriarcales defendiendo, como única vía para el desarrollo de la sociedad, a la familia tradicional en contraposición a otras fórmulas posibles, justificando con ello situaciones de violencia contra las mujeres.
En este día nos felicitamos por la sentencia dictada por un juzgado de Navarra que concede la adopción de dos niñas concebidas por inseminación artificial, a la compañera de la madre biológica, no rompiendo así el círculo familiar en el que ya vivían. Es un avance en lo que se refiere a la libertad sexual de las personas.
Aún así, seguimos sin poder decidir sobre nuestro cuerpo . Y prueba de ello es que, en pleno siglo XXI, no tenemos derecho al aborto libre y gratuito.
Es necesario ampliar y potenciar las líneas de investigación relativas a la salud de las mujeres, así como destinar mayores recursos económicos y humanos al cuidado de las personas dependientes.
Por lo que respecta a las mujeres discapacitadas, demandamos apoyo, impulso, promoción y difusión de todo tipo de actuaciones sociales que conlleven acabar con todas las barreras, tanto sociales como arquitectónicas.
La excesiva precariedad en el empleo, determinada por las altas tasas de paro, de temporalidad y de trabajo a tiempo parcial (no olvidemos que el 72% de estos contratos son desempeñados por mujeres), impide hablar de calidad en el empleo, y también tiene una seria repercusión negativa en el acceso a la protección social.
También tenemos un importante déficit en la red de infraestructuras y servicios de educación infantil, de atención a personas ancianas y dependientes, de transporte público, de viviendas sociales, de asistencia sanitaria, de servicios sociales en general. Déficit que, de corregirse, conseguiría generar un significativo volumen de empleos, facilitaría la conciliación de la vida personal y laboral, y que las mujeres pudieran desempeñar una profesión y adquirir independencia económica, sin los condicionantes que conlleva que las tareas domésticas y de cuidado sigan estando a cargo, casi exclusivamente, de las mujeres.
Por ello exigimos el desarrollo de políticas de empleo más comprometidas y eficaces.
Por último, reiteramos la urgencia de una Ley de Paridad y mostramos nuestro más rotundo rechazo a la vigente Ley de Asociaciones, que coarta el movimiento asociativo, tan importante para nuestra participación activa en la sociedad y para el desarrollo de una democracia plena.
EN DEFINITIVA: LAS MUJERES SEGUIMOS RECLAMANDO EN LA SOCIEDAD EL LUGAR QUE NOS CORRESPONDE
